Manual práctico de autoempleo

2 El autónomo. Ventajas e inconvenientes. Especial referencia al Estatuto del Trabajo Autónomo. El trabajador autónomo económicamente dependiente.

Se define como autónomo o empresario individual a aquella persona física que realiza, en  nombre  propio  y  por medio de una empresa,  una  actividad comercial, industrial o profesional.

La legislación básica en lo que al autónomo se refiere se recoge en la Ley del Estatuto del Trabajador autónomo, aunque en cuanto a su actividad empresarial se rige por las disposiciones generales del Código de Comercio del Código Civil.

Esta figura implica el control total de la empresa por parte del propietario, que dirige personalmente su gestión y responde de las deudas contraídas frente a terceros con todos sus bienes (responsabilidad ilimitada), tanto empresariales como personales, sin perjuicio de que algunos bienes mínimos sean inembargables. Si se trata de una persona casada, de no existir oposición por parte del cónyuge (en Escritura Pública inscrita en el Registro Mercantil), responderán de posibles deudas los bienes comunes de ambos, que podrán enajenarse o hipotecarse. Los bienes privativos del otro cónyuge sólo podrán obligarse con el consentimiento expreso del mismo.

Es necesario ser mayor de edad, tener libre disposición de sus bienes y ejercer, por cuenta propia y de forma habitual, una actividad empresarial. Se presume que lo es el titular de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.

La elección de esta forma jurídica puede estar justificada por motivos fiscales y de simplicidad en la constitución y obligaciones formales, si bien hay que tener presente el alto riesgo que conlleva si se va a hacer una fuerte inversión. Suele ser la forma elegida por los pequeños comercios (pequeñas tiendas) y por lo profesionales (abogados) y oficios (electricistas, fontaneros, etc.).

Ventajas e inconvenientes del empresario individual

Ventajas

Es una forma empresarial idónea para el funcionamiento de empresas de muy reducido tamaño.

Es la forma que menos gestiones y trámites exige para la realización de su actividad, puesto que no hay que realizar ningún trámite de adquisición de la personalidad jurídica.
Puede resultar más económica, dado que no se crea persona jurídica distinta del propio empresario.

 

Inconvenientes

El empresario responde con su patrimonio personal de las deudas generadas en su actividad.

Si el empresario o empresaria están casados puede dar lugar a que sus actividades alcancen al otro cónyuge, según la clase de bienes: Los bienes propios de los cónyuges empresarios quedan obligados a los resultados de la actividad empresarial.

Los bienes gananciales pueden quedar obligados por consentimiento expreso o por presencia y consentimiento.

Los bienes privativos del cónyuge del empresario pueden quedar obligados por consentimiento expreso en escritura pública.

El empresario individual tributa por tipos más  elevados  cuanto  mayor  es su volumen  de renta con tipos impositivos de hasta el 43%, mientras que las sociedades tributan al tipo fijo del 30% sobre los beneficios.

Especial referencia al estatuto del trabajo autónomo. El trabajador económicamente dependiente

Desde la promulgación de la nueva Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007), se ha dotado a este colectivo tan numeroso e importante para la economía española de un nuevo régimen que pasa, fundamentalmente, por el reconocimiento de una serie de Derechos que ya están en vigor y otros que están por llegar.

Entre los derechos que se le reconocen al trabajador autónomo destacan los siguientes:

A. Derechos básicos individuales:

  1. Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.
  2. Libertad de iniciativa económica y derecho a la libre competencia.
  3. Derecho de propiedad intelectual sobre sus obras o prestaciones protegidas.

B. En el ejercicio de su actividad profesional tienen los siguientes derechos:

  1. A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados.
  2. Respeto a su intimidad, dignidad y protección frente al acoso sexual.
  3. A la formación y readaptación profesionales.
  4. A su integridad física y a una protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo.
  5. A la percepción puntual de la contraprestación económica convenida por el ejercicio profesional de su actividad.
  6. A la conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, con el derecho a suspender su actividad en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, en los términos previstos en la legislación de la Seguridad Social.
  7. A la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, de conformidad con la legislación de la Seguridad Social, incluido el derecho a la protección en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales.
  8. Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su actividad profesional.
  9. A la tutela judicial efectiva, así como al acceso a los medios extrajudiciales de solución de conflictos.

C. Derechos colectivos:

  1. Afiliarse al sindicato o asociación empresarial de su elección.
  2. Afiliarse y fundar asociaciones profesionales.
  3. Ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales.

El trabajador autónomo económicamente dependiente

Esta figura es, posiblemente, la novedad más destacada de la Ley.

Se trata de una figura específica entre los trabajadores autónomos, que cuenta con un régimen jurídico propio y diferenciado y que se sitúa en la frontera entre el trabajo autónomo y el dependiente. Si bien la Ley realiza una definición exhaustiva de la figura, y se cuida de recalcar que se trata en todo caso de un trabajador autónomo y por lo tanto no le resulta de aplicación la legislación laboral, sin perjuicio de que se declare la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de las cuestiones litigiosas relativas a tales trabajadores.

Son aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente,  del  que  dependen  económicamente  por  percibir  de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.

Se entenderán como ingresos percibidos por el trabajador autónomo del cliente con quien tiene dicha relación, los rendimientos íntegros, de naturaleza dineraria o en especie. Los rendimientos íntegros percibidos en especie se valorarán por su valor normal de mercado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF.

Además, deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones:

  1. No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros.
  2. No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios  bajo  cualquier modalidad de  contratación laboral  por cuenta del cliente.
  3. Disponer de infraestructura productiva y material propios.
  4. Desarrollar su actividad bajo criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones  técnicas  de  carácter  general que pueda  recibir de su  cliente.
  5. Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente.

El contrato para la realización de la actividad profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente celebrado entre éste y su cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. Debe  ser  registrado por el  trabajador en el  plazo de los diez días siguientes a su firma, comunicando al cliente dicho registro en el plazo de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  Dicho registro no tendrá carácter público.

En defecto de lo regulado en el contrato, regirán los “Acuerdos de Interés Profesional” en  caso  de  que hubieran sido suscritos  en el  concreto ámbito  funcional y territorial de prestación de servicios, entre el cliente y las asociaciones de autónomos o sindicatos siempre que además, el trabajador autónomo estuviera afiliado al sindicato/s firmante y  haya  prestado  su  consentimiento expreso. En ellos se pueden establecer las condiciones de forma, tiempo y lugar de ejecución de la actividad u otras condiciones generales de contratación.

Se reconoce el derecho del trabajador autónomo económicamente dependiente a interrumpir su actividad, como mínimo (mejorable mediante contrato entre las partes o mediante acuerdos de interés profesional), durante al menos 18 días hábiles al año.

En contrato individual o  acuerdo de  interés  profesional  se establecerá el régimen de descansos semanales, así como el de los festivos y la cuantía máxima de la jornada  de  actividad. La  realización  de  actividad  por  encima de dicha cuantía máxima será voluntaria, no pudiendo exceder del máximo que se fije en el contrato o acuerdo de interés profesional, y en su ausencia de acuerdo de interés profesional, no podrá superar el 30 por ciento del tiempo pactado.

La extinción del contrato se producirá por: Mutuo acuerdo

  • Causas válidamente consignadas en el contrato
  • Muerte, jubilación o invalidez que resulten incompatibles con la actividad
  • Desistimiento del trabajador mediando el preaviso pactado o el que resulte conforme a los usos y costumbres. Voluntad del trabajador fundada en incumplimiento contractual grave del cliente
  • Voluntad del cliente por causa justificada y debiendo mediar preaviso pactado o el que resulte conforme a los usos y costumbres Por decisión de la trabajadora autónoma económicamente dependiente en el supuesto de ser víctima de violencia de género.

Para el conocimiento de las  pretensiones que se deriven de la relación entre el trabajador autónomo dependiente y su cliente, serán competentes los Juzgados y Tribunales del orden social, así como también para las cuestiones que se susciten en la aplicación  e  interpretación de  los “Acuerdos de Interés Profesional”.

Será requisito necesario para iniciar cualquier de las referidas reclamaciones judiciales el intento de conciliación o mediación previa ante el órgano administrativo que asuma tales funciones. Lo acordado en tales conciliaciones tendrá fuerza ejecutiva y podrá llevarse a efecto por el  trámite de la  ejecución  de sentencias.