Manual práctico de autoempleo

Una de las primeras decisiones a adoptar por el promotor o promotores de una nueva empresa, una vez estudiado  el  Plan de Negocio y analizada su viabilidad, es la elección de la forma jurídica a adoptar (autónomo, sociedad civil, limitada, anónima…).

La elección de la forma jurídica tiene una importancia  vital, dado que de ella dependerá la complejidad y los trámites de su puesta en marcha, así como la vida misma del proyecto y su gestión. Por ello dicha elección debe hacerse de un modo reflexivo.

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada opción y evaluando una serie de criterios como son los siguientes:

1. El tipo de Actividad a ejercer.

La actividad que vaya a desarrollar la empresa puede condicionar por sí misma la  elección  de  la  forma  jurídica en aquellos casos en que en la normativa aplicable establezca o exija una forma concreta. Se trata de excepciones a la regla general de libertad de elección. Así, las sociedades de Crédito hipotecario, por ejemplo, deben acogerse a la forma de Sociedad Anónima, las agencias de viajes en  la  Comunidad  de  Madrid deben constituirse como sociedad mercantil (limitada o anónima) y algunas Administraciones excluyen ciertas formas jurídicas para solicitar  determinadas ayudas y subvenciones.

2. Número de promotores.

El número de personas que intervengan en la actividad puede condicionar, así mismo, la elección. Así, cuando sean varios promotores, lo aconsejable será constituir sociedad. Si bien, conviene recordar, que si el promotor de la iniciativa es una sola persona no está obligado a  constituirse como  empresario individual, sino que existe la posibilidad de constituir una sociedad anónima, limitada o limitada nueva empresa, con un sólo socio.

3. Responsabilidad de los promotores.

Este es un aspecto vital, ya que la elección de una forma  u  otra  condicionará el  nivel de  responsabilidad  exigible a los promotores, ya que, como hemos visto, ésta puede estar  limitada  al  capital  aportado, o bien puede ser universal e ilimitada, afectando a todo el patrimonio personal, o incluso al del cónyuge cuando el empresarial no es suficiente para cubrir las obligaciones asumidas.

Tal y como decíamos, la responsabilidad  patrimonial  en  las  sociedades de capital es, en términos generales, de la propia sociedad y no de los socios,  sin embargo existen una serie de excepciones a esta norma general que no conviene pasar por alto. En primer lugar, porque los socios tienen una obligación subsidiaria respecto a las posibles deudas sociales que se podría ejecutar en el momento en  que el  patrimonio de  la sociedad, deudor principal se agotase limitada. En segundo lugar, no podemos olvidar los casos en que uno o  varios  socios contraen obligaciones personales,  relacionadas con la sociedad pero independientes patrimonialmente, es decir, se trataría, por ejemplo, del supuesto en que  uno  o  varios socios  presentan avales como garantía de una deuda social. Por último, los socios siempre serán responsables de los acuerdos que adopten en el seno de la sociedad y, por tanto, deberán asumir la responsabilidad de ellos derivados. En cualquier caso, esta responsabilidad de la que hablamos será mucho menos que en el caso de las sociedades personalistas.

4. Las necesidades económicas del proyecto.

Existe una gran diferencia en cuanto a los costes de constitución, en principio, las sociedades civiles son más baratas en su constitución ya que no es necesaria su inscripción en el Registro Mercantil y por lo tanto no tienen que pasar por el Notario, así mismo, no se exige capital mínimo en su constitución. Sin embargo, la Sociedad Limitada, la Anónima, las Sociedades Laborales y  las  Cooperativas de Trabajo exigen escritura notarial y un capital mínimo para empezar. Sin embargo ese desembolso inicial puede compensar  si  lo que se pretende es limitar la responsabilidad futura a ese  capital y por lo tanto proteger nuestro patrimonio personal.

5. Determinados aspectos fiscales.

La diferencia fundamental entre unas sociedades y otras radica en la tributación a través del IRPF en el caso de autónomos, sociedades civiles y comunidades de bienes, o bien  a  través  del Impuesto de Sociedades en el resto de sociedades. En el IRPF se aplica un tipo impositivo progresivo que va incrementándose según van elevándose los beneficios empresariales obtenidos. En el Impuesto de Sociedades se aplica un tipo fijo del 30% independientemente de los ingresos obtenidos.

6. Imagen se cara al exterior

Muchos clientes y proveedores se fijarán en la forma jurídica  de  la  empresa  para  determinar la mayor o menor permanencia de la misma, y, por lo  tanto, la mayor o menor fiabilidad. Las sociedades mercantiles (limitada o anónima) dan mayor sensación de permanencia, además, su inscripción obligatoria en un registro público como es el mercantil, supone que se pueda tener acceso a ciertos  datos, ofreciendo,  así  mismo, sensación de seguridad.