Manual práctico de autoempleo 2018

6. Otras obligaciones del empresario

La prevención de riesgos laborales

 

La Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, determinó el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para  establecer un  adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

En el Real Decreto 39/1997 y su posterior modificación (Real Decreto 604/2006) se desarrollan  los instrumentos básicos  de la  Ley de prevención,  tanto a nivel organizativo, como a nivel de técnicas básicas (evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva) que son los pilares en los cuales se sustenta la prevención en la  empresa.  Se establecen mecanismos de control  como la  acreditación  de entidades  y auditoría de los sistemas de prevención de las empresas. Asimismo, se enumeran distintas posibilidades para diseñar el modelo de gestión preventiva:

  1. Asunción por el propio empresario, excepto vigilancia de la salud
  2. Designación de trabajadores por la empresa, excepto vigilancia de la Salud
  3. Constitución de un servicio de prevención propio o mancomunado
  4. Concertación con un servicio de prevención ajeno

De todo ello se desprende la obligación de realizar una evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva en los siguientes supuestos:

  1. Cuando el trabajador autónomo contrate trabajadores por cuenta ajena.
  2. Si en el centro de trabajo titularidad del trabajador autónomo desarrollan funciones trabajadores de otras empresas, deberá informar a los mismos de los riesgos existentes en las instalaciones.
  3. De la misma manera, si el trabajador autónomo presta servicios en centros de trabajo ajenos, deberá informar de los riesgos que su trabajo pueda generar.
  4. Realizar actividades en centros de trabajo donde sea de aplicación el Real Decreto 1627/97 (construcción).

Cabe señalar que el trabajador autónomo recibe un tratamiento distinto en función de que disponga o no de trabajadores por cuenta ajena en su centro de trabajo:

  1. Si no dispone de asalariados: está excluido de la normativa de prevención de riesgos laborales salvo cuando realice  las actividades descritas  anteriormente en los apartados 2, 3 y 4.
  2. Si dispone de asalariados: está obligado a cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en todos los supuestos.

Este proceso normativo culmina con la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, al hacer una referencia a la Ley 31/95 y al Real Decreto 1627/97, determinando en sus arts. 8.3 y 8.4 las obligaciones de cooperación, información, instrucción y vigilancia en materia de coordinación de actividades empresariales.

En garantía de estas obligaciones señala la Ley en su art. 8.1:

…las Administraciones Públicas competentes asumirán un papel activo en relación con la  prevención  de  riesgos laborales de los trabajadores autónomos, por medio de actividades de promoción de la prevención, asesoramiento técnico,  vigilancia y control del cumplimiento por los trabajadores autónomos de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, el art. 8.2 atribuye a las Administraciones Públicas competentes promover una formación en  prevención  específica  y  adaptada a las  peculiaridades de los trabajadores autónomos.

Por otro lado, la disposición  adicional  duodécima  del  Estatuto  del Trabajo Autónomo al definir la participación de los trabajadores autónomos en programas de formación e información de prevención de riesgos laborales señala:

…con la finalidad de reducir la siniestralidad y evitar la aparición de enfermedades profesionales en los respectivos sectores,  las  asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y las organizaciones sindicales más representativas podrán realizar programas permanentes de información y formación correspondientes a dicho colectivo, promovidos por las Administraciones Publicas competentes en materia de prevención de riesgos laborales y de reparación de las consecuencias de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

La protección de datos de carácter personal

El derecho fundamental a la  protección  de  datos personales deriva directamente de la Constitución y atribuye a los ciudadanos un poder de disposición sobre sus datos, de modo que, en base a su consentimiento, puedan disponer de los mismos.

Este derecho se encuentra  recogido en  la Ley Orgánica  15/1999, que  regula  el derecho fundamental a la protección de datos y dispone que será  la Agencia Española de Protección de Datos la encargada de tutelar y garantizar el mismo.

El  25 de mayo de 2018 entró en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que supone una adaptación al Reglamento de la Unión Europea, de 2016, en esta materia. El objetivo fundamental de esta nueva legislación es aumentar la seguridad jurídica y adaptar el ordenamiento jurídico a la evolución tecnológica. Asume todas las situaciones y las regula, con el objetivo principal de garantizar jurídicamente una protección privilegiada de los datos personales de los particulares.

Los datos personales son todos aquellos que permiten identificar a  una  persona,  serían  a  título de  ejemplo, nombres y  apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, el NIF, la matrícula del coche, una fotografía, etc.

El derecho fundamental a la protección de datos reconoce al ciudadano la facultad de controlar sus datos personales, así como la capacidad de disponer y decidir sobre los mismos. Estos derechos, como decíamos, se encuentran recogidos en la Ley de  Protección  de  datos, cuyo objetivo fundamental es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas, lo hace garantizando, as u vez, una serie de derechos como son el derechos a acceder a esos datos y, en su caso, garantizando los derechos a la modificación, supresión u oposición a los mismos.

Consentimiento y habilitaciones legales para tratamiento.

Dada la rapidez con que la sociedad digital cambia y, sobre todo, por las constantes y ágiles transformaciones que se experimentan en materia tecnológica, la Ley en proyecto introduce importantes modificaciones en cuestiones tan esenciales y de aplicación práctica como el consentimiento necesario para poder procesar los datos.

En conformidad con el RGPD, la nueva LOPD quiere asegurar que el consentimiento explícito de las personas y que el tratamiento de sus datos se base en una declaración o acción clara y afirmativa.

De esta manera la nueva regulación excluye el denominado consentimiento tácito, derivado de la manifestación de la negativa del afectado al tratamiento de sus datos. Adicionalmente, se prevé la obligación de que el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades de procesamiento de datos conste que se otorga de manera específica e inequívoca para cada una de ellas. Ya no cabe obtener ni prestar un consentimiento genérico o difuso para múltiples finalidades.

Asimismo, y en relación con la capacidad de obrar y de prestar el consentimiento explícito, aparece una novedad respecto de los menores, pues se adelanta a los 13 años la edad en que ya pueden prestar su consentimiento personal para el tratamiento de sus datos, en consonancia con la normativa de otros países de nuestro entorno.

Otras de las novedades destacadas de la nueva regulación reside en el tratamiento de datos de fallecidos. La nueva LOPD excluye el tratamiento de su ámbito de aplicación y permitirá que los herederos puedan solicitar el acceso a los datos del finado, así como su oportuna rectificación o supresión, con sujeción, en su caso, a las instrucciones del fallecido. Sobre dichas instrucciones del fallecido, la norma en proyecto prevé la posibilidad de que se puedan incorporar a un registro para su constancia y cumplimiento.

En la nueva Ley se regula también el modo de procesar las denominadas “categorías especiales de datos”, que incluyen aquellos reveladores del origen étnico o racial, opiniones políticas, religión o creencias filosóficas, militancia en sindicatos, tratamiento de datos genéticos, datos relativos a la salud o datos sobre la vida sexual y las condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas.

La empresa será siempre la responsable de los ficheros de sus clientes, proveedores, empleados, etc., por lo que será la encargada de custodiar dichos datos que los propios clientes han cedido para un fin y sólo para ese fin; entre las obligaciones que comporta este deber de custodia están:

Los datos deben tratarse de manera leal y lícita.

Los datos deben recogerse con fines determinados, explícitos y legítimos.

Los datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y los fines para los que se han recogido.

Los datos deben ser exactos y mantenerse actualizados de manera que respondan con veracidad a la situación actual de su titular. Los responsables deben atender a los interesados que soliciten el acceso a sus datos personales.

Los datos personales sólo deben conservarse durante el tiempo necesario para las finalidades  del  tratamiento  para  el  que han sido recogidos. Deben ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para el fin con que se obtuvieron.

Todo responsable o encargado de un tratamiento tiene que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad  de los datos personales e impedir cualquier alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

El responsable tiene que notificar al Registro General de Protección de Datos la creación,  modificación  o  supresión de cualquier fichero o  tratamiento de datos personales.

En el caso de que se produzca un incumplimiento por parte  de  la  empresa  de  estas obligaciones, se ha habilitado un procedimiento sancionador al efecto, que se encuentra regulado en los arts. 43 a 49 de la LOPD. Este procedimiento se inicia contra los responsables de ficheros  cuando existan pruebas  razonables de que se ha producido alguna infracción de los principios y garantías contenidos en la LOPD.

El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio mediante acuerdo del Director de la Agencia cuando existan pruebas razonables de que se ha producido alguna infracción de los principios y garantías contenidos en la LOPD.

El régimen sancionador establecido en los arts. 43 y siguientes de la LOPD, articula las infracciones en tres tipos: leves, graves y muy graves.

La norma española dispone que a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de los datos especialmente sensibles. En consecuencia, será necesaria alguna habilitación adicional para el procesamiento, cuyos supuestos están previstos en el artículo 9.2 del RGPD.

Son infracciones leves: Sanciones entre 601,01 € y 60.101,21 €

  •     No solicitar la inscripción del fichero en la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP)
  •     Recopilar datos personales sin informar previamente
  •     No atender a las solicitudes de rectificación o cancelación
  •     No atender las consultas por parte de la AGPD.

Son infracciones graves: Sanciones entre 60.101,21 € y 300.506,25 €

  •     No inscribir los ficheros en la AGPD.
  •     Utilizar los ficheros con distinta finalidad con la se crearon.
  •     No tener el consentimiento del interesado para recabar sus datos personales
  •     No permitir el acceso a los ficheros.
  •     Mantener datos inexactos o no efectuar las modificaciones solicitadas
  •     No seguir los principios y garantías de la LOPD
  •     Tratar datos especialmente protegidos sin la autorización del afectado
  •     No remitir a la AGPD las notificaciones previstas en la LOPD.
  •     Mantener los ficheros sin las debidas condiciones de seguridad.

Son infracciones muy graves: Sanciones entre 300.506,25 € y 601.012,1 €

  •     Crear ficheros para almacenar datos que revelen datos especialmente protegidos.
  •     Recogida de datos de manera engañosa o fraudulenta.
  •     Recabar datos especialmente protegidos sin la autorización del afectado.
  •     No atender u obstaculizar de forma sistemática las solicitudes de cancelación o rectificación.
  •     Vulnerar el secreto sobre datos especialmente protegidos.
  •     La comunicación o cesión de datos cuando ésta no esté permitida.
  •     No cesar en el uso ilegítimo a petición de la AGPD.
  •     Tratar los datos de forma ilegítima o con menosprecio de principios y garantías que le sean de aplicación.
  •     No atender de forma sistemática los requerimientos de la AGPD.
  •     La transferencia temporal o definitiva de datos de carácter personal con destino a países sin nivel de protección equiparable o sin autorización

La gestión de residuos

El reciclaje consiste en la recuperación y reutilización de residuos que de otra forma serían tirados al medio ambiente.

Reciclar ahorra energía, materias primas y agua. Además, supone menos contaminación y más espacio en  los vertederos,  ya  que se reduce la cantidad de materiales que inicialmente estaban destinados a acabar en los mismos.

Es necesario tener clara la diferencia entre “materiales reciclados” y “materiales reciclables”. La palabra reciclable describe un producto que se puede utilizar como materia prima en la manufactura de otros. El concepto de material reciclado se utiliza en los productos elaborados con materiales recuperados.

Considerando los diferentes orígenes de generación los residuos se clasifican en:

Residuos orgánicos: desechos de origen animal y vegetal, como: desperdicios de comida (fruta, verdura, carne, pollo, pescado, huesos, cascarones de huevo …), flores, plumas de ave, …

Residuos inorgánicos (inertes): materiales de la basura que no tienen origen animal  ni  vegetal,  como:  papel/cartón,  plásticos,  vidrios, textiles, chatarra y otros (materiales tóxicos derivados de productos de limpieza, pilas, etc.).

Residuos industriales.

Residuos sanitarios u hospitalarios.

La gestión de los residuos comprende básicamente tres acciones:

  • Recogida: en bolsas y contenedores específicos.
  • Transporte: desde los lugares de producción hasta los lugares de tratamiento, pasando por unos puntos intermedios (planta de transferencia y clasificación).
  • Tratamiento y eliminación: conjunto de operaciones destinadas a la recuperación y aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos o a la eliminación.

Enumeramos, a continuación, algunos ejemplos de reciclaje:

  • Los aceites vegetales usados pueden emplearse como materia prima para la fabricación de jabones y biocombustibles.
  • El cartón de los briks una vez reciclado puede emplearse como papel Kraft, cartones para  envasar huevos, papel de cocina, carpetas, etc.  La materia orgánica reciclada tiene un papel fundamental en la formación y fertilidad del suelo (abono).
  • Los neumáticos enteros pueden ser reutilizados en el refuerzo de taludes, columpios, defensa de muelles, rompeolas, losetas para parques infantiles, suelas de calzado. Por su alto poder calorífico tienen una gran valorización en cementeras.
  • El reciclaje de papel permite  fabricar  nuevo  papel.  Por cada tonelada de papel reciclado se ahorran 4m3 de madera (de 12 a 14 árboles), 50.000 litros  de agua y unos 3 barriles de petróleo.
  • Reciclando pilas y baterías se pueden recuperar metales valiosos como el niquel, el cobalto y la plata.
  • Reciclando plástico se pueden obtener nuevos envases, formas para construcción, bolsas, maderas plásticas (mobiliario urbano), fibras textiles  (alfombras, ropa).
  • Se recomienda una buena clasificación de los residuos desde nuestro centro de trabajo u hogar para facilitar su posterior gestión en plantas especializadas. Recuerda que los recursos naturales son limitados, si no reciclamos los agotaremos en pocos años. El reciclaje ayuda a luchar contra los problemas medioambientales que nos afectan.